El Consejo de Gobierno autorizó el gasto correspondiente a la orden por la que
se convocan subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el
transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por
carretera en el año 2013, por una cuantía de 792.905 euros.
De acuerdo
con la orden de convocatoria, el régimen de concesión de subvenciones tiene por
objeto financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de
transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por
carretera, en aquellos desplazamientos que tengan su origen en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, como actividad de interés social, mediante la
bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las
obligaciones materiales y formales establecidas en sus bases
reguladoras.
Tendrán la consideración de beneficiarias de la subvención
las personas físicas que, en virtud de resolución administrativa de concesión,
sean titulares de la tarjeta de transporte subvencionado, siempre que tengan 60
años de edad cumplidos, sean beneficiarias de prestaciones económicas públicas
de naturaleza social o asistencial (pensiones contributivas, de invalidez, de
jubilación o retiro) o de una prestación económica familiar por hijo a cargo
afectado por una discapacidad igual o superior al 65%.
La convocatoria extiende el beneficio de la ayuda al colectivo de
personas jóvenes que se encuentren en posesión del Carné Joven Europeo, así como
al colectivo de personas víctimas de violencia de género o de violencia
doméstica, grupos que podrán acceder ventajosamente al transporte colectivo,
como modo idóneo de desplazamiento y comunicación, cuya utilización reportará
beneficios de carácter personal y social.
La ayuda económica pretendida a
estas personas está orientada a reducir el coste económico que representa el
desplazamiento en vehículos utilizados en los servicios de transporte público
regular de viajeros por carretera, prestados por empresas titulares de
concesiones o autorizaciones administrativas otorgadas para dicha
explotación.
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