La crisis no va por barrios. En lo que a las mancomunidades se refiere, la precariedad económica es un signo distintivo común a todas. El recorte en la subvención que la Junta de Extremadura aporta a los convenios es una de las piedras angulares de estas agrupaciones de municipios, que vienen a ser un eslabón en la escala administrativa situado entre los ayuntamientos y la Diputación Provincial. Y a efectos presupuestarios dependen tanto de los gobiernos locales como del regional. Desde que comenzó el año se están produciendo bajas, reducciones de salario y cierre de servicios.
La voz de alarma la dio hace unos días el grupo de alcaldes socialistas de Tajo-Salor, molesto por las consecuencias laborales que está teniendo la merma en la aportación del Ejecutivo autonómico. En concreto, calculan que ronda los 250.000 euros, y detallan que ha habido cinco despidos, cuatro reducciones de jornada y por tanto también de salario y una decena de puestos de trabajo que habitualmente se cubrían y este año no se hará. Además, cuatro servicios que cierran. Alfredo Aguilera, presidente de la mancomunidad admite recortes, pero cree que buena parte de la culpa de la situación la tiene el anterior gobierno socialista de Fernández Vara.
Se trata, en cualquier caso, de un problema común a las 16 mancomunidades que existen en la provincia de Cáceres. Uno de los servicios más afectados en la Oficina de Gestión Urbanística. Casi en todas las mancomunidades se ha reducido el número de trabajadores en Urbanismo o se ha optado por mantener a los mismos empleados pero reducirles el salario. Algunas incluso han optado por cerrar a cal y canto la oficina.
Otra de las áreas también muy afectadas ha sido Igualdad, que ha dejado de funcionar en varias mancomunidades, al igual que ha ocurrido con la oficina de Inclusión Social. En ambos casos, no se han renovado los convenios correspondientes para poner en marcha las áreas.
Quienes se salvan son la excepción. Es el caso de Las Hurdes, que mantiene los mismos servicios que prestaba, aunque con un matiz: eran menos que en casi todas las demás. Por ejemplo, no tenía oficina de gestión urbanística. «Y estamos todos los trabajadores al corriente de pago», añade Vanesa Martín, alcaldesa popular de Pinofranqueado y presidenta de la mancomunidad.
Pero Las Hurdes se ha quedado sola. En la mancomunidad del Valle del Ambroz han dejado de funcionar las oficinas de Igualdad e Inclusión Social, aunque están negociando con el Instituto de la Mujer para encontrar la fórmula de rescatar esas prestaciones. «Y esperemos no tener que hacer más recortes, porque tal como estamos...», avisa David Gordo, presidente y alcalde de Abadía.
También han dejado de funcionar Igualdad e Inclusión Social en Rivera de Fresnedosa, donde además, han tenido que reducir un 25 por ciento el salario de cinco trabajadores de la oficina de gestión urbanística. Los programas de drogodependencias y ocio y tiempo libre tampoco funcionan, pero es que ya dejaron de hacerlo el año pasado.
En Campo Arañuelo, la oficina de gestión urbanística ha perdido a dos de sus seis empleados. «El sueldo lo pagaba íntegramente la mancomunidad», afirma su presidenta, Sabina Hernández, alcaldesa de Almaraz. Ella misma asegura que los recortes incluyen su propio sueldo. «Yo no cobro nada en la mancomunidad», afirma Hernández, que detalla también que ha habido un despido en la oficina de la vivienda y tres reducciones salariales del 25 por ciento cada una.
En la mancomunidad de Trasierra-Tierras de Granadilla no han podido renovar cuatro contratos, y han asumido también otros sacrificios. «Hemos hecho recortes que nos permitirán ahorrar entre 30.000 y 40.000 euros al año», asegura el presidente, Teodoro Jiménez. «Lo conseguimos -detalla- cambiando algunas cosas en uso del teléfono, en limpieza, haciendo los pedidos cada seis meses...».
Otros cuatro contratos se han perdido en la del Valle del Jerte, al dejar de prestar el servicio de ayuda a domicilio.
En Riberos del Tajo, dos trabajadores se han quedado sin que les renovaran el contrato, y también ha habido cinco reducciones de salario del 25 por ciento cada una. Además, se han eliminado dos programas: el de prevención de riesgos laborales y el de inclusión social.
«Es que si no hay convenio no hay dinero para pagar a los trabajadores», resume Salvador Isidro Regodón, alcalde de Ruanes y presidente de Sierra de Montánchez, donde no han podido renovar el contrato al técnico de prevención de riesgos laborales. Además, seis trabajadores de la oficina de gestión urbanística han visto reducida su nómina en un 25 por ciento. «Hemos preferido reducir salarios que hacer algún despido», razona Salvador Isidro.
En la mancomunidad de Villuercas, Ibores y La Jara ha cerrado la oficina gestión urbanística, en la que trabajaban cinco personas, y en la de Igualdad, en lugar de dos contratos a jornada completa hay tres a media jornada.
La situación no es mejor en la mancomunidad de Trujillo, una de las últimas en nacer y con un funcionamiento distinto a casi todas las demás, con un sistema de representación diferente a lo usual y en el que no todos los pueblos disfrutan de todos los servicios.
La situación económica ha obligado a renunciar al servicio de prevención de riesgos laborales y al programa de Familia, si bien en este último caso, los responsables de esta agrupación y también los de otras están pendientes de una próxima convocatoria. «Cuando llegué al cargo -explica su presidente, Alberto Casero, alcalde de Trujillo- se debían las nóminas de dos meses». «Esta mancomunidad -añade- sólo tiene un trabajador fijo, el gerente, y al margen de los empleados, ninguno cobramos nada».
Los recortes también llegan a la mancomunidad Zona Centro (que incluye a Miajadas, entre otros municipios), donde han tenido que prescindir de dos trabajadores (un aparejador y un técnico de riesgos laborales). Además, se ha reducido la jornada a otro empleado, un técnico informático. En cuanto a servicios, se ha eliminado el programa de Igualdad e Inclusión Social y aún están pendientes de si el programa de la Familia se convoca o no. «Eso sin contar que la Junta nos destinaba un fondo a cada mancomunidad para contratar un operario para servicios múltiples y este año no lo tenemos ninguno», señala Francisco Moreno, alcalde de Campo Lugar y presidente de la Zona Centro.
Recortes brutales
«No hay más opciones que reducir jornadas o cerrar áreas», señala su presidente, Alfonso Beltrán -alcalde de Hernán Pérez, que califica de «brutales» los recortes a las mancomunidades. «Éramos un yacimiento de trabajo para la gente joven», precisa. En la mancomunidad que preside, Sierra de Gata, han tenido que prescindir de cinco trabajadores de diferentes servicios, entre ellos, un empleado de la Oficina del Consumidor, que ha cerrado. Además, se ha reducido un 25% la jornada laboral para los cinco trabajadores de la Oficina Urbanística.
Rodrigo Nacarino Salgado, regidor de Herrera de Alcántara y presidente de la mancomunidad Sierra de San Pedro, desgrana todos los cambios con un informe encima de la mesa. «Una persona de Inclusión Social, una en prevención de Riesgos Laborales, dos educadoras sociales y una técnica de consumo», enumera como respuesta a la pregunta de cuántos trabajadores no han renovado su contrato con la mancomunidad. Y matiza: «Estamos pendientes de que salgan los convenios del área de Familias, Atención a desfavorecidos y Medioambiente, que nos permitirían contratar a dos educadoras sociales y un técnico», explica. Las oficinas de Gestión Urbanística e Igualdad también se resienten: los siete empleados que integran ambas han tenido que aceptar una reducción de salario para evitar la supresión de alguno de los puestos de trabajo. «También ahorramos en otras cosas, como por ejemplo, este año no hemos celebrado el Día de la Mancomunidad, sino que destinamos ese dinero al empleo», cuenta Nacarino.
La Vera tampoco es una excepción. «En números gruesos, antes recibíamos 205.000 euros más 18.000 en concepto de gastos de mantenimiento. Ahora, 104.000 euros en total», explica su presidente, José Antonio Rodríguez, regidor de Villanueva de la Vera. Los programas de Gestión Cultural e Inclusión Social han expirado y por tanto, cuentan con tres trabajadores menos en la mancomunidad. «Una de las situaciones más complicadas tiene que ver con la Oficina de Gestión Urbanística», confirma. En este caso, se ha propuesto a los siete trabajadores una reducción de jornada del 25 por ciento, también con la intención de no suprimir ninguna de las plazas.
En el caso de la mancomunidad del Valle del Alagón no ha sido posible contactar con su presidente, el alcalde de Guijo de Galisteo, Francisco Javier Antón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario